OMISIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL ESTADO PERUANO

OMISIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL ESTADO PERUANO

La Ley N°29918 declara el 23 de setiembre como Día Nacional contra la Trata de Personas, y exige que el Estado Peruano, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, rinda cuentas a la población sobre las medidas implementadas para combatir la trata de personas en el Perú. Desde el 2012, año en que se promulgó la Ley, el Estado solamente ha cumplido una vez con este mandato. En el 2014, la entonces Premier, Ana Jara, y el ex ministro de Interior, Daniel Urresti, se presentaron al Congreso para rendir cuentas sobre la situación de la trata de personas en el Perú. Dejaron muchos compromisos, pero desde entonces, no sabemos más.

Este año, a pesar de haberse programado dos veces la presentación del Premier en el Congreso, este mandato legal no ha sido cumplido. Las citaciones del 15 y el 22 de octubre fueron postergadas sin un sustento público.

Desde la sociedad civil expresamos nuestra profunda preocupación por esta omisión de responsabilidad desde el más alto nivel del gobierno peruano. Lamentablemente, a pesar que el delito de la trata de personas continua expandiéndose de manera sistémica en todas las regiones del país, vulnerando la dignidad y los derechos de miles de peruanos, la inacción e indiferencia del Estado continua siendo una característica alarmante.

Es por ello que hacemos un llamado público a nuestras máximas autoridades, y en particular, al Presidente del Consejo de Ministros, a que cumpla con el mandato legal y proceda a informar a la ciudadanía, a través del Congreso de la República, sobre lo que ha hecho el Estado para proteger los derechos de las víctimas de trata de personas, y sobre el acatamiento de los compromisos planteados durante la rendición de cuentas realizada en diciembre de 2014.

La doble postergación de la presentación oficial del Informe de Estado es un indicador de la débil voluntad política y bajo nivel de sensibilización de nuestras máximas autoridades respecto a esta problemática. Asimismo, nos muestra que la lucha contra la trata de personas no es un asunto prioritario en la agenda pública. Esto se ve reflejado en los 30 centavos de sol por ciudadano al año que invierte el Estado para enfrentar este delito, mientras las más de 4,000 víctimas, en su mayoría mujeres y niñas, continúan desprotegidas.

En este sentido invitamos a todas las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos difundir el presente pronunciamiento en señal de apoyo y respaldo a nuestra posición.